¿Guerra? - 2a parte

La muerte 'colateral' de los estudiantes del Tec en Monterrey, hace de nueva cuenta que la sociedad se planteé la legitimización de un chocque directo que no pareceriera generar demasiados resultados y que, por el contrario, genera mayores perdidas de vidas inocentes de las que el propio gobierno esta dispuesto a admitir.

Cuando el número de sentencias comparadas contra las detenciones realizadas arroja apenas un porcentaje de 20%, es sencillo pensar ¿qué pasa con todos los demás detenidos?. Sabemos de antemano - y en ocasiones de primera mano - que la justicia mexicana siempre a tenido signos innequivocos de corrupción e ineficacia, desde las 'bulas' otorgadas a todos los Bejaranos o Imas, hasta las arbitrariedades contra los indigenas de Aguas Blancas o habitantes de San Salvador Atenco, la justicia mexicana siempre se ha mostrado selectiva entre quienes son sentenciados y no, lo mismo al momento de determinar las sumas de fianzas y otorgamiento de amparos.

Ante estas 'carencias', el gobierno federal decidió realizar modificaciones que permiten el embargo de bienes aún sin averiguación previa, así como prescindir de actas de cateo si se considera que una persona comete actividades ilicitas relacionadas con la delincuencia organizada.

Medidas como estas, y la próxima entrada en vigor del registro de usuarios telefónicos (RENAUT), nos dejan como sociedad a mercedes de todos aquellos agentes sin escrúpulos o de mínima preparación, que han ocasionado sucesos como los del News Divine, el uso de gases lacrimogenos cerca de guarderías, o la persecusión de sectores como la demanda de inconstitucionalidad contra las bodas gay.

La doctrina de 'asistencialismo' tan 'lograda' por la revolución de hace 100 años, da la idea a las esferas de poder de convertirse en los salvadores del pueblo, siempre y cuando esten de acuerdo con su ideología y lo que esto le representa en votos en cada supuesta elección popular.

¿No sería más certero realizar un tratamiento, en vez de aplicar un paliativo?

La delincuencia es orillada en la mayoría de los casos por las pocas oportunidades reales de conseguir un ingreso por una actividad lícita. La perida brutal de empleos a causa del 'pequeño resfriado' sufrido el año pasado, aprieta de forma aún más brutal la microeconomía ya de por sí tan descuidada por los macroeconomistas que ahora ostentan el poder. El núlo apoyo al campo y la pequeña industria deberían convertirse en una verdadera prioridad, si la idea es el 'asistencialismo', deberían preocuparse en 'asistir' a quienes intentan crear una fuente de empleo, primero individual, pero que invariablemente se vuelve un círculo virtuoso al involucrar a más y más gente según la retribución que su actividad le va generando.

Cambiar la ideología que domina al país por una que impulse el crecimiento individual en apoyo a uno colectivo requiere de un cambio en los procesos y modelos educativos. Sin embargo, Elba Esther y su mafía se lanza con todo contra una evaluación de resultados con el riesgo de perder sus plazas tan legitimamente heredadas en tantos casos, evita que ese cambio tenga un puerto próximo.

Quienes votaron por Calderón - que claro que los hubo y muy convencidos -, deberían comenzar a preguntarse si eligieron un estadista o un militar al frente de un gobierno sostenido con balas y abusos.

Quienes no votaron por él, es momento de alzar una voz que evite el golpeo de una ideología que no va con ellos, y que vea más por un país que se mira cada vez más cerca de un precipicio sin fondo.

Comentarios

Anónimo dijo…
La estrategia implementada por el gobierno federal para combatir a la delincuencia organizada tiene
una falla, no ataca la estructura financiera de los cárteles y por ello es predecible que aumente el
número de víctimas.

Edgardo Buscaglia, profesor de Derecho y Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y director del Centro Internacional de Desarrollo Legal y Económico, dijo que en México 78% de los sectores económicos del PIB están infiltrados por el narcotráfico, pero el gobierno no reporta un solo caso de desmantelamiento patrimonial de ninguno de los sectores afectados, ni por la Secretaría de Hacienda (SHCP), ni por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional rubricó en diciembre de 2000 en Palermo un convenio para prevenir y combatir de manera más eficaz a los cárteles. Con 147 países firmantes, entre ellos México, la Convención de Palermo consigna 41 artículos en los que establece tipos penales comunes para todas las naciones y esquemas de cooperación, entre ellos procedimientos de extradición y asistencia jurídica mutua.

Si México implementa los acuerdos de esta convención y ataca la estructura financiera del los cárteles, seria mas efectivo que la guerra.

A.M.T

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